Servicios Sociales creará una unidad específica con 15 técnicos para gestionar la dependencia

El atasco en la tramitación de las ayudas a la dependencia en la ciudad de València ya constituye un grave problema. En un solo año se han cuadruplicado los expedientes pendientes de ser informados por los técnicos y se han triplicado los que necesitan una valoración para seguir adelante con la tramitación istrativa necesaria para concederle la ayuda a los ciudadanos que la han demandando.

Ante estas cifras las críticas de Compromís, que gestionó el área de Servicios Sociales durante el mandato anterior, no se han hecho esperar, llegando a tildar de "fracaso" el plan especial de choque articulado por la concejala del PP Marta Torrado para frenar estas cifras tan negativas. Sin embargo, más allá de las cifras, fuentes del departamento de Servicios Sociales han anunciado a Levante-EMV que van a ponerse en marcha otras dos medidas para agilizar las colas de la dependencia. La primera es la creación de una Unidad Especial de la Dependencia que quedará centralizada en el centro de mayores de la plaza del Pilar, que ha sido acabado y donde las tres plantas de arriba se dedicarán a este recurso específico. Para final de año, está previsto que en este inmueble esté operativa esta Unidad Especial a la que se adscribirán hasta 15 técnicos. La idea es centralizar la atención y la tramitación a la dependencia en este centro de nueva creación, en cuya primera planta estará el centro de jubilados del Pilar.

Más de 2.500 personas esperan más de 6 meses plaza en una residencia

Igualmente, indican fuentes municipales, en una reunión de coordinación entre el ayuntamiento y la conselleria, a la que asistieron la alcaldesa María José Catalá y la vicepresidenta del Consell Susana Camarero, se avanzaron en una serie de cuestiones sobre la gestión de la dependencia en València. Una de ellas fue también la puesta en marcha de una app para agilizar los trámites istrativas para solicitar y tramitar las ayudas.

Los datos han empeorado en un año

Según datos oficiales de la concejalía de Servicios Sociales, en un año, desde mayo de 2023 con el gobierno de Joan Ribó; y el 14 de mayo de 2024, con María José Catalá, se ha pasado de tener 514 informes de entorno social (ISES) pendientes de resolver a 2.281, cifra que supone un 443,77% más, o lo que es lo mismo, se ha cuadruplicado el número de solicitudes pendientes de resolverse. En cuanto a los informes de valoraciones, otro requisito necesario para obtener ayudas o acceder a los recursos que necesitan los s, se ha triplicado el número de peticiones sin informar, al pasar de 1.212 en mayo de 2023 a 3.360 en mayo de este año, lo que implica un aumento del 277,2%. En cuanto a los informes técnicos (IT), otro documento imprescindible para entrar en el Sistema de Dependencia, se ha disparado la cola en un 811%, al pasar de 68 expedientes pendientes a 552. Estas cifras son muy preocupantes porque han elevado los tiempos de espera para acceder las ayudas a más de un año, 55 meses, entre los solicitantes de centros municipales como el de San Marcelino, y la media espera de todos los barrios de València está ya en 26 semanas, más de medio año, para ciertos dictámenes y trámites.

El plan de Isabel Lozano si funcionó

Cabe recordar que en el mandato de 2019 a 2023, con la concejala de Compromís Isabel Lozano en Servicios Sociales, se activó un plan de choque para reducir las listas de espera que en un año surtió un efecto sensacional, aunque bien es cierto que se contrató a una veintena de trabajadores y se priorizó dentro del departamento de Servicios Sociales y de los distintos centros municipales, que todos los técnicos y los auxiliares se centrasen en resolver el atasco de decenas de expedientes que estaban sin resolver.

Para Compromís, la alcaldesa María José Catalá "no sólo ha disparado las listas en la dependencia, sinó que además se está viendo su gran incapacidad para poner en marcha el plan de choque que había anunciado por el incremento en las listas de espera", según afirma la regidora valencianista Lucía Beamud. "Es absolutamente preocupante la vuelta al pasado que está padeciendo València, ese pasado de gestión absolutamente negligente por parte del PP en la dependencia. Hemos pasado en mayo de 2023 a que las listas de espera de dependencia casi desaparecieran a que en menos de un año haya un aumento de un 737% en algunos informes, como son los de revisión de grado de dependencia", advierte. Ahora tres meses después de esa denuncia y de que el gobierno anunciara un plan de choque, "tenemos conocimiento de que el resultado ha sido un absoluto fracaso. Incluso han acumulado más informes de valoración. Desde Compromís, le instamos a Catalá a seguir el modelo de Joan Ribó, que hizo un plan de choque en el que en solo 1 mes y medio consiguió reducir la lista de espera un 23%, llegando a mayo de 2023 (cuando dejamos la alcaldía) a dejar a cero las lista de espera en la dependencia".

El sistema valenciano de dependencia atiende ya a 150.000 personas

El plan de Torrado no acaba de arrancar

Este atasco de expedientes ya ha tenido una respuesta por parte del gobierno de PP y Vox con este plan de choque, tras una reprimenda del Síndic de Greuges y una moción presentada por la coalición valencianista, en el pleno. En esa línea, la concejala popular Marta Torrado explicó en su momento en este periódico que hay un aumento exponencial de solicitudes para beneficiarse de la Ley de Dependencia. Además, el grupo mayoritario de personas que se atienden "tienen más de 65 años y un 81% son mayores". En 2016 había 8.601 casos de dependencia y en 2023 se llegó a 32.877.  El equipo de Servicios Sociales tiene plantillas inestables con profesionales que modifican destinos para buscar mayor estabilidad. “Esto hace que nos cueste asentar los equipos”, se lamentaba Torrado. Y añadía: “La universalización de la dependencia implica que las trabajadoras sociales tienen que visitar uno a uno todos los domicilios, y como consecuencias de las visitas muchas de ellas detectan necesidad de intervenir en otros aspectos. Todas estas atenciones tienen que ser asumidas por los trabajadores de Servicios Sociales. Eso antes no pasaba, desde que el Govern del Botànic cambió las normas y pasó a ser competencia de los ayuntamientos”. No en vano, la dependencia es un servicio que paga la Generalitat pero que tramitan los ayuntamientos. Además de reforzar con 8 profesionales más, el departamento de Torrado está haciendo un estudio de cargas de trabajo de cada uno de los centros municipales de Servicios Sociales para equilibrar todos los recursos y reorganizar los servicios.

Suscríbete para seguir leyendo