La Fiscalía ratifica que en Llíber hubo una trama urbanística para construir 300 chalés ilegales

La Fiscalía ha concluido que hubo una trama urbanística en Llíber para construir cerca de 300 chalés en suelo rústico no urbanizable entre 1999 y 2003. En la primera parte de la sesión de conclusiones celebrada este martes en la Audiencia de Alicante, el fiscal ha mantenido su acusación para el exalcalde de la localidad José Mas; el actual primer edil, José Juan Reus; ambos del PP, el arquitecto técnico que trabajaba para el Ayuntamiento, Amador Signes, así como cinco empresarios de la construcción, y otros dos exconcejales por las construcciones irregulares, según ha informado Efe.

El acusador público ha sostenido que los procesados trataban de dar "apariencia de legalidad a lo que era una ilegalidad" mediante la concesión de licencias para restaurar almacenes agrícolas "cuando todos sabían que era para construir vivienda nueva", amparados con proyectos en los que se amparaban esas edificaciones de nueva planta que "en buena parte de los casos eran elaborados por el arquitecto técnico" que trabajaba para el ayuntamiento.

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Además, ha señalado que todos trataron de encubrir su responsabilidad, con ejemplos como las manifestaciones formuladas por el exalcalde José Mas, en las que aseguraba que las licencias se aprobaban por unanimidad en el pleno municipal, cuando en el juicio se habría demostrado que a los concejales no se les preguntaba, hasta que se les permitió votar y comenzaron a abstenerse o a votar en contra.

En sus conclusiones finales, el fiscal ha considerado que ha quedado probado que todos formaron parte de un entramado para promover y autorizar esas construcciones ilegales, levantadas sobre parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados -en algunos casos incluso de menos de 5.000-, mediante la concesión de licencias para la rehabilitación de almacenes agrícolas con parte habitable. Todo ello a cambio de la entrega de distintas presuntas prebendas en favor de algunos de los representantes municipales, como un vehículo marca Mercedes regalado por uno de los empresarios al exalcalde José Más; la entrega de 3.000 euros por cada licencia concedida; o pagos en beneficio del arquitecto técnico por la realización de memorias de los proyectos que él mismo autorizaba con la emisión de los correspondientes informes.

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Penas

En su conjunto, la Fiscalía ratifica las peticiones de penas planteadas en su escrito de acusación inicial, que suman un total de 43 años y tres meses de prisión. En concreto, solicita siete años de prisión para el arquitecto técnico por un delito continuado de estafa y otro delito continuado contra la ordenación del territorio.

Para el empresario Miguel Muntaner, a quien se considera uno de los presuntos cerebros de la trama y autor del regalo del Mercedes al exalcalde, solicita igualmente siete años de prisión por el delito continuado de estafa y por un delito de cohecho y para el exalcalde José Más seis años y tres meses por un delito continuado contra la ordenación del territorio y por un delito de cohecho.

Para los titulares de las empresas que construyeron y vendieron las viviendas ilegales solicita penas que oscilan entre los seis años y seis meses y los cuatro años de prisión, en función de cada caso, como autores del delito continuado de estafa, y para el actual alcalde, José Juan Reus, que ejercía como concejal del equipo de gobierno y otros dos concejales de la época, multa de 18 meses con cuota diaria de 6 euros por un delito de contra la ordenación del territorio.

Y respecto al cohecho, también ha considerado demostrado que se produjo la entrega de dádivas, como el vehículo que Muntaner reconoció haber regalado al exalcalde en su declaración "espontánea" tras ser detenido, a pesar de que en su declaración, en las primeras jornadas del juicio, se retractó de esa manifestación. Además, también se ha referido al hallazgo de cuentas en Andorra a nombre del arquitecto técnico, Amador Signes, en las que la Guardia Civil había precisado que disponía de 2,4 millones.

Acusación particular

Por su parte, el letrado Bernardo del Rosal, que representa a los perjudicados, agrupados como acusación particular, en la Asociación Abusos Urbanísticos No de Llíber, ha persistido en dirigir su acusación solo contra los cinco constructores procesados, para los que ha solicitado una pena de siete años de prisión por el delito continuado de estafa.

Respecto a los políticos, ha sostenido que los perjudicados le habían manifestado su voluntad de que retirase su acusación contra ellos para centrarse en los constructores. Y ha incidido en la solicitud de que se fijen compensaciones en concepto de responsabilidad civil para cubrir el daño generado a los compradores, de los que se abusó de su confianza para cometer el engaño, con la adquisición de viviendas por precios de entre 150.000 y 200.000 euros que habrían perdido en torno al 45% de su valor por el hecho de ser irregulares.

Por último, en la jornada también ha expuesto su informe de conclusiones el representante legal del actual alcalde, José Juan Reus, y del exconcejal Vicente Andrés Ivars, quien ha solicitado la libre absolución al sostener que votaron a favor de la concesión de las licencias en el pleno sin que ese gesto tuviese eficacia real, puesto que las competencias sobre la concesión de esos permisos las mantenía el exalcalde José Mas.

Los informes han comenzado más tarde de lo inicialmente previsto, debido a que se ha dado lectura a algunas de las declaraciones que realizaron en su día algunos de los acusados. Entre ellas, las del técnico acusado, que en el juicio se acogió a su derecho a no declarar, pero sí lo hizo ante el juzgado de Instrucción. La que era secretaria municipal está actualmente apartada del procedimiento, por sufrir una enfermedad degenerativa, por lo que también se ha dado lectura a su declaración anterior. También se ha leído la declaración de Muntaner que en su día sí que itió el pago de las supuestas dádivas y ahora las ha negado.

El juicio prosigue este miércoles con la exposición de informes de conclusiones del resto de las defensas y el turno del derecho a la última palabra por parte de los encausados. Después el caso quedará visto para sentencia.