EL INFORME DE LA UCO
Los seis indicios que la UCO señala contra el PSOE en el informe sobre Santos Cerdán
Los agentes enumeran las relaciones del Partido Socialista con la presunta organización criminal que se sospecha que cobraba de concesionarias de obra pública del Gobierno de Pedro Sánchez

José Luis Ábalos (i), acompañado por Santos Cerdán (d) y la presidenta de Navarra, María Chivite, durante un acto electoral / Iñaki Porto / EFE
El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán señala seis indicios contra el PSOE, según se desprende de las 490 páginas del documento que tiene sobre su mesa el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga las actividades de una presunta organización criminal en la que también habrían participado el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García.
Los agentes detectaron las primeras irregularidades en Navarra, para después trasladar este modus operandi presuntamente corrupto a Madrid. Ahí Cerdán se habría encargado de cobrar 650.0000 euros de empresas concesionarias de obra pública del Gobierno de Pedro Sánchez. Estos son los indicios que describe el informe.
Los agentes sitúan el origen de la trama en al menos 2015, "ligada a la estrecha relación" de Fernando Merino (del departamento navarro de Acciona Construcción), Antxon Alonso (Servinabar), Koldo García y Santos Cerdán, "a través, principalmente, de la vinculación mercantil Acciona-Servinabar". El informe señala que Alonso "habría ejercido de cara visible societariamente como de Servinabar", mientras que Koldo "habría sido el punto de o directo” tanto con Merino como con los proyectos desarrollados.
Según los investigadores, "Santos habría participado de dicha relación, siendo informado de los avances del proyecto, dando directrices a Koldo sobre diferentes procederes, así como disponiendo de cierta capacidad de decisión sobre Noran Coop y Servinabar", que no sería "la única vía de ingresos procedentes de Acciona”, puesto que el Bar Franky emitiría "facturas ficticias" a la energética o a alguna de sus UTE para "posteriormente canalizar dichos ingresos mediante efectivo a Koldo o su entorno".
Estas prácticas se trasladaron al ámbito del Ministerio de Transportes, cuando llegaron a Madrid. Los agentes sitúan las adjudicaciones sospechosas en la Dirección General de Carreteras y Adif, y reproduce varios audios en los que Koldo habla sobre qué empresa debe obtener la licitación.
El propio Santos gestionó supuestas mordidas por 650.000 euros. Los uniformados han descubierto, en relación al cobro de comisiones reconocido en las grabaciones, "dos operativas, una asociada a Cerdán, que sería el encargado de gestionar los pagos", y otra aparentemente desvinculada del ex número tres socialista, por la que se habrían lucrado Koldo García y José Luis Ábalos. En este caso, la UCO resalta que estas mordidas se habrían percibido "a espaldas del partido", un hecho que generó en Cerdán "miedo y preocupación". Por eso, concluye el informe, Pedro Sánchez habría destituido a José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE y como ministro de Transportes.
De esta forma, para los agentes "parecen diferenciarse dos operativas, una asociada a Cerdán, que sería el encargado de gestionar los pagos y que no estaría siendo objeto de reproche, y otra aparentemente desvinculada de Cerdán, mediante la cual Koldo García se habría lucrado, supuestamente, por adjudicar obras a otras empresas, habiendo generado este extremo 'miedo y preocupación' en el entonces Secretario de Coordinación Territorial del PSOE".

Entramado vinculado a Santos Cerdán / UCO
"Habría sido el hecho de que Koldo García y José Luis Ábalos hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido, lo que, presumiblemente, habría originado su cese en verano de 2021", dice de forma literal el documento, que cita entre esos empresarios a "José Ruz", el dueño de la empresa Levantina Ingeniería, una de las mercantiles registradas el pasado martes por orden del instructor. Los contratos de obra pública que se investigan en el Supremo fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Catalunya, Galicia, La Rioja, Murcia y Teruel.
Para los agentes de la UCO "resulta de especial relevancia” que Ábalos ordenase a Koldo García “que hablara con Santos" antes de decidir nada sobre los contratos públicos, sobre todo porque este "no ostentaba cargo alguno dentro del Gobierno, siendo únicamente secretario de Coordinación Territorial del PSOE".
El informe de la UCO describe la capacidad de la trama para adjudicar "los contratos presuntamente amañados" a través de los departamentos que "permanecían bajo el dominio del Ministerio de Transportes”, como son “Adif y la Dirección General de Carreteras". Los agentes destacan que "la capacidad de actuación de Koldo se hallaba íntimamente ligada a la prevalencia de su relación personal y directa con el ministro Ábalos, jefe común de ambos entes dependientes del ministerio, y máximo responsable de ese Departamento".
La UCO considera un ejemplo de la "discrecionalidad con la que se adjudicaban obras en el Ministerio de Transportes", que Koldo García en una de las conversaciones reproducidas debía haberle "indicado a Isabel Pardo de Vera”, entonces al frente de las infraestructuras ferroviarias, que “de cinco licitaciones le diera dos y el resto las decidiera ella". En otra conversación ella misma descarta entregar dos adjudicaciones a Levantina, la constructora de José Ruz, porque iba a “cantar”.
El oficio policial entregado al juez Leopoldo Puente considera relevante que Santos Cerdán mantuvo su ascendencia sobre Koldo García tras entrar este último como asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. “Tanto es así que, sin tener ningún cargo en el Ministerio, ni en el Ejecutivo, Cerdán seguía recibiendo novedades de Koldo García sobre contrataciones públicas de Acciona, y le trasladaba ciertas indicaciones a éste para la consecución de las mismas”.
En este sentido, la UCO destaca que tanto Ábalos como Koldo García “habrían percibido altas cantidades de dinero con mediación de Cerdán como consecuencia de la adjudicación de determinados contratos de obra pública, llegando incluso a asociar dichos pagos a licitaciones concretas en las que, como denominador común, resultó adjudicataria Acciona Construcción”.
Y después de su salida del ministerio, Koldo García hizo “uso de los os que mantenía en Transportes para adoptar un papel de intermediario con algunas empresas como LIC y OPR para seguir consiguiendo trato de favor para ellas”.
El informe de UCO reproduce una conversación entre el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y Koldo García, que pone de manifiesto que el primero, que no tenía cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez, intentó frenar la destitución de Javier Herrero como director general de Carreteras, porque podía "contar lo que hay".
Aunque el audio tiene una primera parte inteligible, los agentes reproducen una conversación entre Cerdán y Koldo García en el que el primero afirma: "No se puede cargar ya al que tiene allá, que va a contar lo que hay". En ese diálogo el asesor de Ábalos le había informado de que la intención de Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Infraestructuras, era cesar al director general de Carreteras, Javier Herrero. La preocupación también se reprodujo con la que luego sería presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Los investigadores les incluyen a ambos en el amaño de adjudicaciones.
Entre los indicios contra el PSOE detectados por la UCO se incluye el supuesto pago por parte de un cargo del Gobierno al partido. En concreto, el 15 de marzo de 2022 Koldo García escribió a Javier Herrero, director general de Carreteras, para avisarle de que le habían pedido su teléfono desde la Gerencia del PSOE (asumida por Ana María Fuentes, a iniciativa de Cerdán unos meses antes), ya que según creía le iban a pedir el “impuesto”.
Unas horas más tarde, Koldo García preguntó a Javier Herrero si ya le habían llamado desde Gerencia, a lo que el entonces director general de Carreteras contestó diciendo que le había enviado "un formulario", pero que no le había especificado la cuantía. "De este modo, se infiere que desde la Gerencia del PSOE se le pidió a Herrero que realizase algún tipo de aportación económica", destaca el informe de la UCO.
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