Siete meses de la dana: “Nos han cobrado 40.000 euros y seguimos sin puertas ni ascensor”

“Después de más de siete meses, en la Avenida Rambleta 44 seguimos sin puerta”. La comunidad de vecinos de este edificio situado en Catarroja, uno de los municipios más afectados por la dana, denuncia la situación a la que les ha llevado la empresa de servicios que contrataron para las labores de reconstrucción. "La empresa nos cobra pero no hace nada, solo nos ha puesto la bomba de agua, unos telefonillos que no funcionan y ha quitado espejos del patio que se estaban decolgando", expresa Fátima, una de las vecinas.

Lo que sí que ha hecho esta empresa es cobrar los 40.000 euros que el consorcio adelantó a la comunidad. "La empresa vino, se ofreció y nos lo contó todo muy bonito. Que ellos se hacían cargo de todo, que gestionarían el dinero del consorcio para que fuera más fácil", expresa Justi, otra vecina. De este modo, los vecinos aceptaron que el dinero del consorcio lo recibiese directamente esta empresa y ahora se encuentran "atados de pies y manos". "Solo por las tres cosas que han hecho se han quedado los 40.000 euros, y nos dicen que debemos mil euros", añade.

"En una reunión que mantuvimos los propietarios y la a de la finca con la empresa, presentaron facturas de trabajos que no habían hecho", afirman los vecinos. En primer lugar, alegan que la empresa fue la encargada de limpiar el garaje, cuando, según relatan, el garaje lo limpiaron los vecinos junto a los bomberos, y la empresa solo retiró objetos de un trastero al que no se había podido entrar, y solo por esto piden 3.500 euros; en segundo lugar, la empresa presenta otra factura por la desinfección del garaje, pero los vecinos explican que esta tarea la ha llevado a cabo de forma gratuita una empresa contratada por el Ayuntamiento de Catarroja. Además, también les reclaman una factura de 14.000 euros por tasas del ayuntamiento, "cuando el ayuntamiento no está cobrando tasas a ningún bajo".

Sin seguridad ni movilidad

Esta situación, que deja a los vecinos sin la puerta principal y sin la puerta del garaje, les produce un problema de seguridad. "No funciona el alumbrado de toda la calle, solo tenemos la luz de los negocios cuando están abiertos. Vienes de noche y no tienes seguridad ninguna", manifiesta Justi. Además, se suma el problema de movilidad de vecinos mayores y con enfermedades, que tienen que hacer frente a un día a día sin ascensor. "Uno de los vecinos, Firmo, tiene 90 años y tiene que subir tres pisos conectado a su aparato de oxígeno", denuncian. Otra vecina, con fibromialgia, apenas puede salir de casa. “No sabemos donde acudir o recurrir para que nos hagan caso”, lamentan.

Por este motivo, la comunidad de vecinos, a través de la a, solicitó el 27 de mayo la extinción del contrato en la que, a fecha 3 de diciembre, se comprometían a "dar inicio a la obra en un plazo de 3 o 4 semanas desde la firma del contrato y sin necesidad de esperar a percibir ninguna cantidad por parte del Consorcio de Compensación de Seguros". A día de hoy, el edificio continua si quiera con los servicios mínimos y por ello, solicitaban de forma legal romper el contrato. También piden que efectúen una cuantificación ajustada a los trabajos realmente ejecutados y, en consecuencia, devuelvan a la cuenta de la comunidad la diferencia por los 40.000 euros entregados en su momento y, si no lo hacen, irán a juicio.

El pasado viernes 6 de junio los vecinos recibieron la noticia de que ya se había roto cualquier relación con la empresa y ahora están a la espera de poder contratar los servicios de alguna otra para poder empezar con la rehabilitación, pero están preocupados porque no disponen del dinero. "Se están lucrando del mal de otros".